El propósito es lanzar un mensaje a los constructores y propietarios de tierras que pueden verse afectados por cambios de uso en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que no paguen chantajes o coimas que, según múltiples denuncias, están exigiendo con motivo de la revisión de los POT’s.
“La idea es lanzar el mensaje NO PAGUE, DENUNCIE a quien quiera chantajearlo por ejercer su derecho”, sostuvo la secretaria de Planeación de Santander, Consuelo Ordoñez de Rincón, promotora de la iniciativa.
El Gobierno de Santander hace un llamado a la ciudadanía para que en relación con el proceso de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial se abstengan de realizar cualquier tipo de pago por el “trámite” de cambio de uso o planes parciales, toda vez que este es un proceso absolutamente público que NO GENERA COSTOS para los propietarios de los predios. Los interesados en estos procesos, en los municipios que actualmente adelantan la revisión del POT, están en todo su derecho de presentar las solicitudes y el municipio debe responder soportado en consideraciones técnicas y de conveniencia social.
Frente a los comentarios recibidos por parte de muchos santandereanos, expresando presuntos chantajes o exigencias de dinero para obtener las categorías de uso deseadas en predios de propiedad privada, debemos recordar que el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL es un instrumento de planeación de carácter local, que parte de un estudio técnico y tiene varias instancias de concertación ante distintas entidades. En desarrollo de todas estas etapas, es posible tramitar las correspondientes solicitudes sin que sea requisito el pago de ningún valor ni porcentaje a ningún intermediario y mucho menos a funcionario alguno, por lo que deben abstenerse de aceptar la extorsión y proceder a denunciar a personas inescrupulosas que pretendan aprovecharse de la situación, ofreciendo garantía de éxito en el trámite a favor del peticionario.
NO PAGUE, DENUNCIE
Es también responsabilidad de los ciudadanos contribuir a eliminar la corrupción. Una sociedad que no acepta chantajes ni extorsiones, que no participa en conciliábulos para obtener beneficios indebidos, que no se somete a los intereses particulares de unos pocos que pretenden usufructuar sus relaciones personales o políticas en perjuicio del erario, una sociedad que acata con rigor el análisis técnico de sus solicitudes, denunciando los casos de abuso, dilación o maltrato, confiando en sus autoridades y contribuyendo a la cultura del buen gobierno, es una sociedad que puede mirar con optimismo el futuro y prever un mejor estar para sus hijos y sus familias.
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